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Sobre el tráfico de personas (3° Parte)

por Bessy Gallardo Prado

 [Esta columna es la tercera de cuatro partes] [puedes leer la primera y segunda parte]

¿Cómo actúa Chile ante el tráfico de personas?

Si bien Chile no tiene niveles de tráfico de personas como otros países en desarrollo, pero de todas formas esta problemática está presente, y es por esto que nuestro país se suscribió a la convención de Palermo. Todo lo cual trajo como consecuencia que se modificara el código penal bajo la ley n° 20.507.

El no visibilizar el tema de la prostitución como problema social no deja ver lo que hay detrás de ella, esto es el por qué las mujeres, niñas y adolescentes tienen la necesidad de ejercerla, cuales son los factores reales de vulnerabilidad (que no es sólo económica) y tampoco logra que esta pueda ser atacada desde su raíz. El que se vea a la mujer como objeto del deseo masculino, y que esta debe satisfacer este deseo es un sesgo que facilita el “trabajo” de los traficantes de mujeres, adolescentes y niñas.

Esta ley establece penas para quienes cometan este delito:

Artículo 411 quáter.- El que mediante violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de explotación sexual, incluyendo la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o esclavitud o prácticas análogas a ésta, o extracción de órganos” (1)

Esto se extiende para aquellos que sólo se organizaren para cometer el delito incluso sin cometerlo. Es una cosa interesante ya que se reconoce la gravedad al tráfico de personas y el sólo hecho de planear el tráfico aún sin obtener el “beneficio” que este reviste le da el carácter de delito. La organización delictual ya es delito en sí mismo para nuestra legislación. También se le da el carácter de “autor” al que promueva, facilite o financie la ejecución de las conductas descritas en la ley.

Otro tema a considerar en esta ley, es que si se trata de tráfico de menores de edad (Niños, Niñas y adolescentes) aunque no exista violencia, intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, aún así se concederá al tráfico de las mismas el carácter de delito, y esto es bastante innovador ya que le da mayor poder a fiscales y policías para investigar a los “tratantes” de niños y niñas aun cuando no se les violente, ya que el sólo hecho de traficar con ellos como mercancías es violencia en sí misma.

Cabe destacar que en nuestra legislación una atenuante de responsabilidad criminal, es la irreprochable conducta anterior, la cual no significa que el imputado sea “moralmente intachable”, esta sólo se remite a que no tenga condenas previas por algún delito en Chile. Según la ley 20.507 sobre tráfico de personas, para computar la reincidencia (y de paso eliminar la figura de la “irreprochable conducta anterior”) se tendrán en cuenta aquellas condenas (firmes) que ya posea el imputado, ya sea en Chile como en el extranjero, aun cuando este no las haya cumplido. En este sentido no es de extrañar que se dé fuerza a sentencias firmes que no nazcan de procesos realizados en Chile. Según el código procesal penal, la sentencia extranjera tendrá fuerza siempre y cuando se apegue al debido proceso y a menos que el juzgamiento en dicho país hubiere obedecido al propósito de sustraer al individuo de su responsabilidad penal por delitos de competencia de los tribunales nacionales.

Pese a todo esto, desde el punto de la tipificación del delito, nuestro país cumple con lo acordado en el tratado internacional de Palermo sobre tráfico de personas, pero no cumple en las materias de educación para prevenir este flagelo. Tampoco cumple con una respuesta homogénea entre organizaciones y estado para ayudar a las víctimas de trata. No hay centros especializados para que las víctimas comiencen una nueva vida en Chile o para que sean devueltas a sus lugares de origen. Tampoco hay un sistema unificado de datos que brinde una adecuada información sobre la cantidad de personas traficadas, por lo que no se pueden realizar campañas a un público objetivo, ni menos a la comunidad nacional sobre qué hacer o como denunciar en el caso de saber casos de esta connotación

El año 2012, en el marco de la “mesa Intersectorial sobre trata de personas” dependiente del Ministerio del Interior (mesa que se creó el año 2008 sin mayores resultados) se crea el “Plan de Acción Nacional para la Trata de Personas”. Este plan no es legalmente vinculante, y no existen elementos coercitivos para su cumplimiento, por lo que las organizaciones deben gastar de sus recursos para que este se mantenga en la agenda nacional.

Si esta mesa resultara, si tuviera la relevancia que merece, se crearía de su mano una ley integral de garantías para las víctimas (presentes y futuras) de este delito. Una ley integral garantizaría estándares mínimos de protección a nivel de estado, crearía el sistema unificado de información sobre cantidad de denuncias, perfiles de la víctimas, perfiles de los tratantes, marcos de acción, protección a testigos, protección a las familias de las víctimas, centros de tratamiento para estas, se podrían garantizar derechos como la educación, salud y reinserción social, cosa que en la praxis no existe.

En cuento a la prevención, Chile tiene el deber de educar a la nación toda, sobre que es la problemática del tráfico de personas. Cuando digo “nación toda” me refiero a policías, funcionarios de estado, personal de servicios como Sename, Justicia, Sernam, extranjería, servicios de salud, educación, familias, y toda la comunidad. Hay que saber que el tráfico puede afectar a cualquiera y que hay grupos de nuestra sociedad expuestas a mayor riesgo, y es por eso que hay que atacar el problema desde la raíz, ya que no basta con hacer algo cuando el delito ya se ha cometido, la prevención salva vidas, y la reparación devuelve la vida arrebatada a las personas que ya lo sufrieron.

Como vimos anteriormente, la mayor parte de las víctimas de este delito son mujeres y niñas que son explotadas sexualmente, y Chile no cuenta con una legislación que proteja a las trabajadoras sexuales y tampoco cuenta con un plan que eleve esta temática a un problema social, que dicho sea de paso es una problemática en sí misma.

El no visibilizar el tema de la prostitución como problema social no deja ver lo que hay detrás de ella, esto es el por qué las mujeres, niñas y adolescentes tienen la necesidad de ejercerla, cuales son los factores reales de vulnerabilidad (que no es sólo económica) y tampoco logra que esta pueda ser atacada desde su raíz. El que se vea a la mujer como objeto del deseo masculino, y que esta debe satisfacer este deseo es un sesgo que facilita el “trabajo” de los traficantes de mujeres, adolescentes y niñas. El estado no tiene una postura clara sobre este tema. Es más, para nuestra legislación, mientras la prostitución no sea contraria a la moral y las buenas costumbres, no es considerada delito. El no verla desde una perspectiva de género tiene como consecuencia que los riesgos de esta no se presentan como algo latente y tampoco se logra diferenciar entre la prostitución libre y la prostitución forzada.

Fuentes:
(1) Artículo 411 quater Código Penal de Chile, Modificación ley 20507 que tipifica el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y su efectiva persecución criminal. Se puede encontrar el texto completo de la ley en http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1024319 

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  1. Pingback: Sobre el tráfico de personas (4° Parte) | Las Simones

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